La Fiscalía General de la Nación es la única entidad que no ha estado a la altura del escándalo de los dos lotes 'cedidos' por parte de la Alcaldía de Puerto Colombia, en 2017, bajo el mandato Steimer Mantilla Rolong, a dos particulares en jurisdicción del municipio.

La investigación no ha reportado ningún resultado concreto, pese a las denuncias penales, derechos de petición y cartas solicitando celeridad.

Los lotes en cuestión son uno de 5.082 metros cuadrados, cedido al particular Francisco Javier Pizarro Guerra, y otro de 33.637 metros cuadrados, entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.

Estos lotes fueron donados por Cementos Argos al municipio, en 2009, para uso exclusivo de zonas verdes.

El exmandatario Steimer Mantilla Rolong afirmó que su firma fue falsificada.

La Alcaldía de Puerto Colombia, en 2023, con Wilman Vargas y en 2024, con Plinio Cedeño, interpuso dos denuncias penales, pero el caso hasta el sol de hoy no avanza.

Lo peor del asunto es que otras entidades y organizaciones sí se han movido para recuperar los lotes, pero los responsables siguen campantes.

Indagación previa

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer a raíz de la cesión "gratuita" de dos lotes por parte de la Alcaldía de Puerto Colombia a dos particulares en jurisdicción del municipio.

Después de iniciar una actuación preventiva y de requerir información a la Alcaldía de Puerto Colombia, el Ministerio Público decidió de oficio avanzar a la siguiente etapa.

Explica que es procedente porque "existe duda sobre la identificación o individualización de los posibles autores de los hechos puestos en conocimiento de este organismo de control (...) en posibles inconsistencias registrales y catastrales asociadas a la presunta cesión gratuita de varios predios".

Suspensión de efectos

La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la revisión de las actuaciones realizadas en el caso de dos lotes que fueron “cedidos” a título “gratuito” en Puerto Colombia.

La entidad indicó que mediante la Resolución No. 026-022323-6, expedida el 28 de agosto de 2026 suspendió temporalmente los efectos de decisiones administrativas adoptadas con anterioridad respecto del folio de matrícula inmobiliaria No. 040-477286, correspondiente a un terreno de 5.082 metros cuadrados. Asimismo, ordenó el bloqueo preventivo del folio, mientras se adelanta una revisión integral de las actuaciones surtidas dentro del trámite administrativo relacionado con el inmueble.

La Supernotariado preciso que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, mediante Auto No. AUT-2026-003552-5, del 27 de agosto de 2026, inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 040-445183, 040-445198, 040-609789, 040-625766 y 040-630731 a 040-630735, correspondientes también a predios ubicados en el mismo municipio, con un extensión de 33.637 metros cuadrados.

Las medidas, agregó la superintendencia, son de carácter preventivo y no constituyen una decisión sobre la propiedad de los inmuebles.

Los llamados a la Fiscalía

Camacol, la Fundación Protransparencia Atlántico, representada por Horacio Brieva y los líderes sociales, representantes de organizaciones comunitarias y habitantes del barrio Las Flores; y la firma Borda Abogados, le enviaron documentos a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que haya celeridad en las investigaciones.

"Este tipo de hechos, cuando compromete la legalidad de los actos administrativos que soportan el uso y la disposición del suelo, afecta directamente la seguridad jurídica que el sector de la construcción requiere para adelantar sus proyectos y para mantener la confianza de sus afiliados e inversionistas en los procesos de planeación urbana del departamento", indicó Camacol.

Alertó que en la Fiscalía solo aparecen dos trámites sobre este proceso y datan de 2023, es decir, han transcurrido tres años y medio sin que presenten adelantos en esta investigación.

La  Fundación Protransparencia Atlántico envió un derecho de petición con el objetivo de que el ente acusador anuncie el avance de las investigaciones sobre la 'cesión' de lotes en Puerto Colombia, de uso público, a particulares.

“La Fundación actúa exclusivamente desde la sociedad civil. No invoca la calidad de víctima, denunciante, parte o interviniente dentro del proceso penal, ni pretende acceder a elementos materiales probatorios, conocer la estrategia investigativa, identificar personas indiciadas o condicionar las decisiones del fiscal competente”, aclara la Fundación en el derecho de petición.  

Añadió que “su propósito es obtener información general no sometida a reserva, poner de presente la relevancia pública del asunto y solicitar que esta comunicación sea tramitada por las dependencias competentes, con respeto por la autonomía de la Fiscalía, el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Incluso, los particulares Francisco Javier Pizarro Guerra y Alfredo Manuel Montoya Hoyos se pusieron a disposición del Fiscal 36 Seccional, quien está a cargo de la investigación por las polémicas cesiones, pero nada ha pasado.

También, el abogado penalista Donaldo Del Villar, envió una carta al Director Seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel David Arévalo González, para dar celeridad a la investigación por la "cesión gratuita".

"Los documentos divulgados y las denuncias ya radicadas revelan indicios que exigen una respuesta institucional urgente. Dos predios destinados a zonas verdes y uso colectivo —de 5.082 y 33.637 metros cuadrados— habrían pasado a manos particulares mediante las resoluciones 049 del 9 de noviembre y 044 del 20 de noviembre de 2017, inscritas registralmente varios años después", expresa el abogado penalista.

"Se ha informado que una de esas resoluciones no reposa en los archivos municipales; que se controvierte la autenticidad de las firmas; que se produjeron desenglobes y posteriores transferencias, y que podría existir una duplicidad registral respecto de otro inmueble", agregó.

Los días transcurren y se desconocen acciones penales concretas o actuaciones judiciales por parte de la Fiscalía en este caso.

Estos son los documentos que han emitido las entidades y líderes: